Caprede consulta a los candidatos presidenciales

A solo unos días de las elecciones, hemos realizado una serie de consultas a varios de los candidatos presidenciales. Dichas consultas van en relación con el futuro de las pensiones del Poder Judicial, así como el hacinamiento carcelario, la elección de Magistrados y la recuperación económica del país.

Los candidatos consultados sobre estos temas son los siguientes:

-José María Figueres
-Lineth Saborío
-José Maria Villalta
-Rodrigo Chaves
-Eli Feinzaig
-Fabricio Alvarado

Publicaremos sus respuestas durante los siguientes días las cuales ayudarán a nuestros jubilados y población judicial a tener un voto informado de cara al próximo domingo.

Señor(a):“Nombre del Candidato”
Candidato Presidencial
Partido “nombre”
S.P.

Estimado señor(a):

Sirva la presente para externarle mi más cordial saludo y a la vez, para que mi persona, Sr. Carlos Álvarez Casasola, en mi condición de jubilado del Poder Judicial y vicepresidente de la Caja de Préstamos y Descuentos de los Empleados del Poder Judicial conocida como CAPREDE; en atención de su objetivo de llegar a la Presidencia de la República, procedo a indicarle el motivo de mi acercamiento.

El artículo 93 de la Constitución Política, consagra un derecho fundamental de la democracia, el derecho al voto.  Este derecho es extensivo y propio de todos los ciudadanos habilitados para el sufragio en las próximas elecciones en las cuales, al tenor del llamado realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, como votantes asistirán las personas jubiladas del Poder Judicial.

Con el fin de lograr un voto informado a este gremio tan importante como es el sector jubilado y del cual soy parte, y con el fin de transmitir su posición en algunos puntos que consideramos relevantes, me permito respetuosamente hacerle llegar a su persona 5 preguntas a las cuales considero que los jubilados y pensionados del Poder Judicial debemos conocer.

Estas consultas si bien le son llegadas a pocos días de las elecciones, solicitamos pueda otorgarle el tiempo justo y necesario para que nos pueda hacer llegar su respuesta, por este mismo documento le será entregados a los otros candidatos presidenciales y le daremos un seguimiento público en nuestras redes sociales sobre su respuesta, a la cual respetuosamente solicitamos no sea una omisión o silencio, ni una excusa, por cuanto consideramos a nivel país, el futuro presidente de nuestra república debe ser una persona ecuánime y accesible a todo ciudadano.

En este sentido, aprovecho este espacio para las siguientes cinco:

Consultas a candidatos presidenciales:

• Sobre el Fondo de Pensiones del Poder Judicial:

El fondo de Jubilaciones y Pensiones de los empleados Judiciales administrado actualmente por la JUNAFO, tiene adscritos a los beneficiarios de pensiones o jubilaciones que soportan sobre su jubilación o pensión varias deducciones, las cuales ningún otro fondo de pensiones llega a tener en cantidad ni aportes en total, como ejemplo una pensión del Poder Judicial puede llegar a tener:

• Aporte ordinario al fondo: 13% sobre la totalidad de la jubilación o pensión.
• Un aporte al fondo como contribución especial solidaria del 25% hasta el 55% según sea la jubilación bruta del beneficiario sobre el exceso de 6 salarios del puesto más bajo del PJ.
• Cinco por mil de los sueldos y pensiones pagadas por el fondo, para atención de los gastos de la JUNAFO (pese a ser un órgano público con personalidad instrumental).
• Impuesto de la Renta.

Así las cosas, una pensión o jubilación llega a tener un conjunto de deducciones porcentuales y nominales que sumadas tienen un claro efecto confiscatorio, que supera de forma sencilla cualquier aporte similar que realizan los contribuyentes al fondo, y que en muchos casos cesa el aporte al respectivo fondo cuando se alcanza la jubilación como en los fondos homólogos de nuestro país, salvo en el Poder Judicial, donde una persona beneficiaria continua realizando aportes al mismo porcentaje que los activos.  Todas estas deducciones han provocado que varios jubilados tengan varios problemas económicos, por cuanto son tributos y porcentajes groseros, y que se basan en un estudio actuarial donde responsabilizan a los trabajadores y jubilados sobre los efectos negativos en “x” cantidad de años.  Asimismo, actuarialmente, el Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial supera su sostenibilidad muy por encima de la proyectada recientemente al fondo de la CCSS, pero no vemos ese mismo trato de castigo por parte de la Asamblea a ningún otro fondo, únicamente ha afectado al Poder Judicial, donde de forma evidente hay un trato completamente desigual.

En la actualidad, hay muchos jubilados y jubiladas del Poder Judicial que están clamando por ayuda, porque la liquidez de sus jubilaciones fueron al suelo, estamos hablando de funcionarios que prestaron su vida al servicio de la protección de la democracia, justicia y propiciar un país donde hay un servicio objetivo, transparente y conforme al marco regulatorio, no perfecto, pero de gran calidad, y hoy están siendo olvidados y cargándolos de deducciones solo con un estudio económico y no de afectación social a los beneficiarios.

Con todo respeto, preguntamos:

¿Un eventual gobierno suyo, buscaría mediante el apoyo de la Asamblea Legislativa construir una nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual no se castigue ni imponga excesos sobre las deducciones de las jubilaciones, eliminando o disminuyendo el peso que actualmente se carga en la espalda de trabajadores y pensionados?

2) Elección y Reelección de Magistrados(as)

El artículo 121 inciso 3) de nuestra Constitución Política faculta a la Asamblea Legislativa a nombrar a los magistrados Suplentes y Propietarios del Poder Judicial.

Históricamente han existido designaciones que han producido un aporte sustancial en la dirección del Poder Judicial y al estudio del derecho, prueba de ello son los frutos que hoy se continúan recogiendo de la administración y materialización de ideas que han hecho del Poder Judicial un lugar accesible desde cualquier parte del país, asimismo, —y resulta necesario mencionar— que las sentencias redactadas por los magistrados son conservadas por los juristas tanto nacionales como internacionales como piezas invaluables para el análisis de diferentes asuntos en determinadas ramas del derecho, tal pero no limitado a la comprensión de casos de protección ambiental.

Sin embargo, también no se puede cerrar los ojos, silenciar bocas y sordera de oídos; es evidente que durante la designación de dichos puestos existe el matiz político, tanto es así que varios actores de la política costarricense y durante años del bipartidismo han indicado que había un traslado de la batuta, similar a un juego de tenis de mesa, donde se respetaba quien podía sugerir el nombramiento de un magistrado(a) de la Corte Suprema de Justicia.

El problema puede verse acrecentado, dado que la designación meramente política de magistraturas puede afectar en algún momento nuestra democracia, al verse comprometido seriamente el principio de división de poderes, y que en diferentes latitudes del mundo se ha materializado el rompimiento del orden constitucional, donde un Poder Judicial politizado, se aparta del derecho, del marco jurídico, de los principios y normas supra constitucionales como pactos y convenios internacionales que buscan proteger los derechos humanos, y al final conllevan a una nación a un estado de facto, dirigido por una única persona, Seudo-Rey demagogo de su propia utopía, un dictador distante de la voluntad del pueblo por quien fue designado.

Este punto, resulta altamente importante, en la última década la Corte Suprema de Justicia se ha visto envuelta en situaciones donde se ha cuestionado el accionar de algunos magistrados(as), un escándalo prácticamente sin precedentes pero que dejo ver la vulnerabilidad existente y peligrosa para nuestra democracia.

De forma transparente, consultamos:

3) Empleo Público:

Durante muchos años se ha construido una tesis política que la fuente de los problemas de este país resulta emanar el empleo público, donde funcionarios y funcionaras son las culpables de que existan múltiples impuestos, de que la gasolina sea de las más caras a nivel americano, que las calles estén en mal estado, que no exista un abordaje social adecuado de las necesidades de nuestros contemporáneos más necesitados, y también que los empresarios deban cubrir los salarios del empleo público y gastos excesivos por tributos que provocan miseras ganancias.
Por citar un ejemplo constante, es el tema de salario escolar, donde cada año se siembra la problemática sobre el origen de dicha remuneración, y lejos de buscar una homologación de los trabajadore privados como los públicos como históricamente paso con el aguinaldo (antes solo los empleados públicos recibían aguinaldo, luego para homologar se incluyó a los trabajadores del sector privado), se resuelve una diáfana responsabilidad del estado país y en materia laboral el progreso social se ha estancado.

Otro ejemplo, es RECOPE, el cual cumple una tarea designada por Ley, la cual en su momento fue elemental para la adquisición de la gasolina por parte de los ciudadanos, pero que hoy en vez de iniciar un tema de desprecio, podríamos avanzar en estudios de energías limpias y reutilizables para la movilización, así como la apertura del monopolio como atinadamente se dio en la Banca y en las telecomunicaciones, mejorando la competitividad y la participación privada en negocios que generen empleo, ganancias y tributos.

Asimismo, menciono el ataque político que hay contra el magisterio todos los años, lo cual siempre estalla de un lado en protestas, donde trabajadores, empresarios y turistas se ven afectados en su traslado, pero hacemos recalcar que la mayoría de los derechos básicos de hombres, mujeres y niños(as) se han obtenido del derecho de protesta. Nunca ha existido un abordaje ideal para evitar este tipo de huelgas con contenido social por parte de los trabajadores, y ciertamente solo así en muchos casos se ha escuchado la voluntad del pueblo.

Finalmente, también consideramos que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial han venido sufriendo un ataque político que no parece tener tregua ni trinchera, señalándonos como funcionarios privilegiados de otra Costa Rica, culpables sin juicio sobre la situación del país, donde el Poder Judicial debe asumir las tareas del Poder Ejecutivo en Policía Investigativa, en el ejercicio de la persecución de la acción penal del Ministerio Público, asignaciones que aumentan en gran escala su presupuesto y de ahí, de esa necesidad económica deviene el descontento. Hoy la historia confirma que dichos órganos deben estar en el Poder Judicial —pese al costo presupuestario versus opinión pública— debido a la corrupción que ha venido azotando como huracanes las finanzas y estado social del país, de la cual el Poder Judicial no ha salido intacto, pero que públicamente hoy hemos de contar con un sistema lejos del peso político, objetivo y que le garanticen a cada ciudadano un debido proceso y la defensa de sus derechos, gracias a los funcionarios y funcionarias que cumplen con sus obligaciones al tenor del juramento constitucional consagrado en el artículo 194 de la Constitución Política.

Con firmeza, se formula la siguiente pregunta:

¿En un eventual gobierno suyo, sus diputados y cuerpo de gobierno, realizarían intenciones o determinaciones de menoscabar nuestro principio constitucional de división de poderes, afectando a todas luces la teoría de pesos y contra pesos evolucionada desde tiempos romanos y de la ilustración, con acciones ejecutivas o legislativas que demuestren un comportamiento para co-administrar y tener injerencia en las decisiones internas del personal del Poder Judicial?

4) Reparación de la Economía:

Costa Rica se ha convertido en un país caro, donde debido a sus altos costos de producción y residencia muchas personas se suman a las estadísticas de pobreza y pobreza extrema sin que haya una fórmula de contención que resulte. Desde nuestra óptica analizamos que existen básicamente tres perspectivas país: 1) Culpa de los empleados públicos, en sus salarios se va el presupuesto. 2) Culpa de los evasores de impuestos, el rico paga como pobre y los acaudalados acumulan más y más dinero, donde la solución es subir el IVA y gravar cada servicio/producto. 3) Todo se lo roban, donde se maneja una teoría de que ricos y funcionarios tienen todo arreglado para apropiarse del erario.

Estos factores, fuera de afectar el ánimo del ejercicio del sufragio, que evidentemente es un daño al tejido democrático (cuestión que hay que empezar a analizar con más importancia) provocan una distribución de culpas, señalamientos y responsabilidades que resultan en un separación de lo que debería ser una alianza público-privada, donde se vea posible una ecuación donde los factores sean “trabajador+-empresario+gobierno” construyendo un mejor país con mejores oportunidades para las próximas estas y próximas generaciones.

Pero, la lógica del gobierno en los últimos 22 años es incrementar los impuestos y cargas sociales, y durante más de dos décadas esta fórmula ha provocado un entierro de la economía del país.

Costa Rica debe analizar seriamente el modelo económico que lleva, porque no es sostenible, en algún momento el empresario llegará a cansarse y dejará de producir empleos porque encontrará en territorios extranjeros mejores condiciones. Asimismo, el trabajador se agotará al no lograr una vivienda digna ni poder afrontar los costos de los productos y terminará en un estado de pobreza o delincuencia. El Estado se volverá más insostenible, por cuanto no podrá recolectar los ingresos necesarios para su debido funcionamiento, se acabará en crisis económica, y a pesar de los esfuerzos de economistas y expertos en finanzas por poner un velo en la inflación real del país acabará por una hiperinflación similar a naciones que están pasando por esta situación, cuyos ciudadanos, a pesar de su patriotismo salen de sus tierras en caravanas o solos en busca de nuevas oportunidades, a empezar de cero.

Por lo expuesto, se considera que acciones como bajar los impuestos podría evitar la evasión y bajaría los productos de consumo. Regular los alquileres tanto comerciales como residenciales. Desarrollar acciones a nivel cantonal, donde puedan estudiarse el uso de paneles solares comunales en las casas y bajar el costo de la factura de electricidad. Apoyar con trato diferenciado al micro y pequeño empresario, tanto a nivel tributario como de seguridad social.
Sin embargo, señalamos que debe existir un estudio económico donde podamos equilibrar los rebajos con otros ingresos, y generar un Estado más eficiente, sin gasto de recursos económicos que resulten ociosos o con poco impacto en el progreso del país.

En resumen, Costa Rica y sus ciudadanos —incluidos jubilados del Poder Judicial— no pueden seguir con un sistema donde la máxima parece ser la aplicada por el personaje Rey Ricardo de la leyenda de “Robin Hood” pero en una formula donde no parece posible la aparición de un personaje que le ponga un alto a esta tendencia, donde se llevan más de diez años de no ver aumentos dignos ni para pensiones ni para salarios.

En base de lo anterior, consultamos:

5) Hacinamiento Carcelario – Seguridad Ciudadana.

El martes 31 de mayo del 2016, el presidente de ese momento de nuestro país indicó que “Una golondrina no hace verano” esta expresión según Diario Extra fue debido a la violación de una mujer de 25 años que tenía 7 días de haber dado a luz, por un imputado de apellidos Chaves Ramírez que había sido puesto en libertad después de que el juez de ejecución de la pena reactivara la salida de los privados de libertad aduciendo las condiciones de hacinamiento de las cárceles. Hace algunos días se evidencio a nivel nacional el serio problema en las playas del caribe donde se han presentado múltiples violaciones y el asunto no parece mejorar por parte de las autoridades administrativas responsables de la seguridad ciudadana. Sumado a dicho problema, debido al hacinamiento carcelario cada vez entre Adaptación Social y los Juzgados de Ejecución de la Pena disponen de medidas alternas para que los privados de libertad descuenten de su pena fuera parcial o totalmente de un centro de rehabilitación social.

La lógica dictaría que si nuestro sistema institucional de represión penal efectivamente no está funcionando para enderezar a los habitantes del país a una vida lejana del crimen, poco sería lo que pueda hacerse estando apartados del sistema, parece un intento donde se le delega a la sociedad civil la corrección de esa persona.

Asimismo, en una construcción constante de la evolución del derecho penal, ciertamente la utilidad de medidas alternas a la prisión es un derecho de todo sujeto sometido a un proceso penal, pero con la seriedad del caso, y basados en un hacinamiento, no podemos endosarle dicho problema a la sociedad sin un adecuado tratamiento y seguimiento. Solo falta que su estimable persona vaya a celdas del OIJ donde las condiciones no son adecuadas para tantas personas, y en los centros penales, donde existen casos evidenciados de indignidad humana.

Nos encontramos en un momento determinante, donde deben ser construidas nuevas cárceles, se deben mejorar las existentes, y debe haber un sistema que garantice que una persona condenada no sea un riesgo social si antes del cumplimiento de su condena se disponga a ponerlo en libertad.

Debe visualizarse un fideicomiso, una alianza público-privada o una solicitud de ayuda internacional para iniciar una nueva infraestructura carcelaria, una que sea digna pero que a la vez garanticen a las personas un nivel de seguridad aceptable en un país donde un gobierno le pide mucho al ciudadano y poco devuelve.

Con alta importancia, le consultamos:

En un eventual gobierno suyo, ¿Concretaría la construcción de nuevos centros penales, modernos, de construcción vertical y donde existan programas que garanticen la reinserción de las personas objeto de privación de libertad a la sociedad de una forma responsable, esto mediante diferentes figuras tales como una alianza público-privada?

Consideraciones finales.

Propiamente Costa Rica se encuentra en un momento donde las decisiones más transcendentales para asegurar un buen futuro, los políticos deben sumarse a construir soluciones, combatir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los habitantes, más que cumplir con favores políticos por campañas en nombramientos tanto administrativos como diplomáticos, o bien usar a los mimos actores que en su momento no fueron aptos para la resolución de conflictos, sugerimos que un equipo de gobierno debe escoger a las personas por un aspecto cualitativo, y entre los diferentes partidos podemos armar una buena selección por nuestro país.

Agradezco la atención del caso, y de antemano le agradezco de la misma forma su pronta respuesta.

Para comunicaciones le indicó el correo: caprede@caprede.com / teléfono 2010-3612.

Se despide, muy cordialmente;

Carlos Alvarez Casasola
Vicepresidente – Junta Directiva
Caprede

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Jeremías 29:11